¡IMPACTANTE! ya no es solo EEUU la FARC también se interesó en Venezuela

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Tras acuerdo de paz con la FARC, organizaciones criminales aumentan sus operaciones en Venezuela

Lo que se supone que constituye el fin de más de medio siglo de violencia en Colombia podría, por el contrario, ser el origen de nuevas e ingeniosas formas de criminalidad que, al presentarse segmentadas y territorializadas, se hacen más cuesta arriba de combatir y desmantelar. El acuerdo de paz, por tanto, estaría abriendo las puertas a nuevas organizaciones criminales o, simplemente a las mismas que hasta ahora han operado, pero ahora se presentan con otra fachada mucho más difícil de identificar.

Maibort Petit/Venezuela al Día

Distintas organizaciones criminales que se fortalecieron a raíz del Tratado de Paz firmado por el grupo terrorista FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos han incrementado sus actividades en la varios municipios colombianos, a la vez que han ampliado su presencia en la zona fronteriza, logrando reclutar a venezolanos que se encuentran desesperados por la grave crisis que vive la economía de Venezuela.

Una de las organizaciones que más actividad tiene en la frontera colombo-venezolana es la conocida como “Los Rastrojos”, cuya presencia en Venezuela se ha fortalecido al haber asumido el control de las actividades de narcotráfico, secuestro y vacunas.

“Los Rastrojos” tienen su origen en el conocido cartel del Norte del Valle, una organización designada como tal por la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). El cartel del Norte del Valle que operó principalmente en el departamento homónimo del Suroeste de Colombia, tuvo un importante crecimiento a mediados de los años 1990 —después de que los carteles de Medellín y Cali se fragmentaron— y fue conocida como una de las organizaciones más poderosas dedicadas al negocio de tráfico de droga y cuya principal característica fue la barbarie de sus actos.

El jefe del cartel del norte del Valle, Wílber Varela, creó su ejército privado para enfrentarse a Diego León Montoya o “Don Diego”, quien era otro capo de ese cartel. Varela fue asesinado en Venezuela en febrero de 2008 y Don Diego fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de ese mismo año, pero “Los Rastrojos” siguieron creciendo. Del Valle del Cauca saltaron a Cauca y a Nariño, luego al Caribe y después a Norte de Santander, en la zona fronteriza con Venezuela.

Las advertencias fueron confirmadas en un informe titulado “Crimen Organizado y Saboteadores Armados en tiempo de transición”, elaborado por Eduardo Álvarez Vanegas, María Victoria Llorente, Andrés Cajiao Vélez y Juan Carlos Garzón V., de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia.

Su actividad principal es el narcotráfico, “que incluye comprar base de coca para transportarla a cristalizaderos en Colombia o al otro lado de la frontera en Venezuela”, y también la minería ilegal. La FIP advierte que este grupo tiene una gran capacidad para corromper a integrantes de la Fuerza Pública tanto en Colombia como en Venezuela, y que “al otro lado de la frontera es común oír que ‘Los Rastrojos’ ‘se pasean como si nada’ por la inacción de las autoridades venezolanas”.

Aunque el Valle fue siempre su base, la FIP concluye que Norte de Santander es el departamento donde más tienen presencia hoy. Allí se calcula que tienen unos 80 hombres en el municipio de Puerto Santander, sobre la frontera con Venezuela. Esta situación incluye una denuncia delicada que hace la FIP: “Se han venido fortaleciendo con integrantes venezolanos y en territorio venezolano en la zona de El Guayabo, La Fría, La Grita y Vigilancia”.

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De acuerdo al extenso estudio, las organizaciones criminales que hacen vida en Colombia representan una amenaza enorme para en las regiones donde operan. Destacan los investigadores que las estructuras delincuenciales son esencialmente locales y regionales, aunque mantienen relación con las antiguas organizaciones que poseían una presencia más nacional e internacional.

Los cambios que han surgido en su interior las han transformado en pequeñas estructuras o clanes con arraigo local, cuyos integrantes son celosamente escogidos, lo que indica que no todos tienen acceso a formar parte de dichas organizaciones.

A diferencia de los carteles de la droga que operaban en varios países, estas estructuras manejan territorios pequeños, especialmente en las zonas urbanas y, por lo general, no sobrepasan los 150 hombres. Operan bajo los cánones establecidos por el narcotráfico y otros delitos como el sicariato. Por lo general, estas organizaciones están conectadas a grupos más grandes que cubren territorios más extensos.

La organización “Los Rastrojos” —dice el informe— se ubica en el municipio fronterizo de Puerto Santander (Norte de Santander). El grupo trabaja en el objetivo de penetrar al área metropolitana de Cúcuta tras haber desplazado a “Los Urabeños”, otro grupo criminal que en la actualidad es conocido como el Clan del Golfo.

El informe de la FIP considera que ese grupo aunque se ha debilitado dentro del territorio colombiano, ha adquirido fortaleza en zonas muy específicas como el Norte de Santander y en buena parte del área fronteriza de Venezuela.

De acuerdo con el trabajo de campo hecho por los investigadores del FIP en dichos territorios, desde hace un tiempo “Los Rastrojos” cuentan con el apoyo de fuerzas que han ido constituyéndose para su resguardo y a las cuales se ha incorporado a ciudadanos venezolanos.

Señala el documento que “en octubre de 2016 se registró un enfrentamiento entre “Los Rastrojos” y las AGC en el corregimiento Guaramito, zona rural de Cúcuta. El enfrentamiento se dio por el control de las rutas de contrabando y narcotráfico”. Además, destacan que en ese mismo año fue capturado en el estado Táchira un miembro del citado grupo, quien estaba a cargo del paso de contrabando y narcotráfico entre Colombia y Venezuela, lo que sugiere que esta organización ha logrado controlar pasos fronterizos entre los dos países.

Por otra parte, el informe señala que las autoridades han capturado a miembros de “Los Rastrojos” y otros criminales de bandas subcontratadas por estos; se trataría de delincuentes que habrían formado su propio grupo o migrado de “Los Rastrojos” a otras estructuras, así como también de miembros de la fuerza pública que mantienen nexos con esa agrupación.

Sobre las regiones donde se realizaron las capturas de supuestos miembros de “Los Rastrojos”, el informe describe que los departamentos donde más capturas se han producido son Magdalena, Atlántico, La Guajira, Cartagena, Cúcuta y Soacha.

¿Cómo sobreviven las organizaciones criminales?

En el documento de 133 páginas se señala que las organizaciones criminales que sobreviven al período de transición del tratado de paz, mantienen las conductas de los grupos más poderosos para moverse con mayor facilidad. Ellos utilizan a funcionarios del Estado para impedir operativos o frenar órdenes de captura.

La existencia de miembros de la Fuerza Pública o de las administraciones locales interesados en hacerle eco a estos intereses de las organizaciones criminales, hace que los objetivos a largo plazo del tratado de paz colombiano puedan convertir en, simplemente, una utopía.

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país entró en una fase de transición caracterizada por la continuidad del crimen organizado, de algunos grupos guerrilleros y de otro tipo de expresiones armadas, agentes y redes criminales que se han hecho más visibles o que están en proceso de formación.

Los retos de la seguridad colombiana

Hoy, sin duda, uno de los principales desafíos para la seguridad en Colombia es la persistencia de factores generadores de violencia. El informe de la Fundación Ideas para la Paz presenta una radiografía necesaria y actualizada del crimen organizado y demás saboteadores armados que existen en el país.

Los Grupos Armados Organizados (GAO), no son otra cosa que una nueva manera de expresión criminal y armada, cuyo panorama y estado actual explica por qué estos grupos han entrado en un proceso de fragmentación organizacional y territorial y por qué se cree que las realidades de la transición no son equiparables a los criterios que emplea el Estado para identificar la amenaza. Esto toma mayor relevancia si se tiene en cuenta el impacto en lo local y en la seguridad física de las poblaciones y su cotidianeidad.

Los investigadores evalúan rasgos comunes de las organizaciones criminales y subrayan aquellos que les son particulares. Estos ejemplos regionales replantean lo que tradicionalmente se ha denominado crimen organizado y conflicto armado, con una mirada más flexible, basada en las realidades locales.

Según los especialistas de la FIP, el fortalecimiento del crimen organizado en el nivel local es posible identificar ocho estructuras que el Estado llama Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), entre los que encontramos a “Los Rastrojos”, “La Cordillera”, “Los Buitragueños”, “Los Botalones”, “Los Caqueteños”, “Los Costeños”, “Los Pachenca” y el “Clan Isaza”. Para los investigadores el objetivo es encontrar cuáles son los rasgos comunes y las variaciones que se producen con respecto a su origen, dimensión territorial, composición, actividades y repertorios de violencia y relaciones o vínculos con autoridades locales.

Tal aproximación al establecimiento de lo que sería la forma de organización de estos grupos parte de una visión clásica acerca de lo que es el crimen organizado —estructura y actividades— que también enfatiza en dimensiones como el recorrido e identidad de estas agrupaciones, sus nexos con dinámicas del conflicto, sus condiciones de posibilidad territorial, su relación con el impacto humanitario y sus alcances transnacionales.

La evolución del crimen organizado a la sombra del proceso de paz

Entretanto se gestaba el proceso de negociación en La Habana, la FIP logró advertir en varias ocasiones la evolución del crimen organizado y de las economías criminales, así como sus retos, los cuales representan los diferentes tipos de saboteadores en términos de competencia directa a la implementación de los acuerdos, por su capacidad desestabilizadora. La Fundación Ideas para la Paz dijo al respecto en su momento: “En medio del proceso de negociación del Gobierno con las FARC, las economías criminales están teniendo, en algunas regiones, procesos de reacomodamiento y expansión, con nuevos acuerdos entre las guerrillas y las organizaciones criminales. Los cultivos de coca se han incrementado, la minería ilegal se ha expandido, otras economías ilegales como el tráfico de madera se han consolidado y la extorsión aparece como un delito recurrente” (Garzón, Llorente, Álvarez, & Preciado, 2016).

Ante tal circunstancia surge la interrogante que plantea establecer si tal evolución o cambio es producto, entre otras cosas, de un proceso de adaptación frente a la acción del Estado dirigida a desarticular las estructuras criminales y no a la transformación de los territorios. Es por ello que para los investigadores de la FIP es indispensable determinar si “Las ofensivas esporádicas, con operaciones que entran y salen de la zona, no llegan a afectar las condiciones que permiten la reproducción de las actividades criminales y el control que tienen los grupos al margen de la ley sobre el territorio”. A esta situación hay que adicionar el hecho de que el crimen organizado y las economías ilegales en las que está inmerso, han conformado instituciones criminales que se mueven, actúan y se organizan bajo lo que pauta el conflicto armado, ejerciendo autoridad y coerción, a la par de una tributación que no está regulada por el Estado colombiano.

Es necesario tener claridad respecto a que no se pueden desconocer ni minimizar los éxitos operacionales contra las diversas expresiones criminales, pero en preciso tener en cuenta que la experiencia colombiana ha demostrado que la estrategia de golpear a las cabezas o los eslabones más débiles del crimen organizado desencadena en la transformación y fragmentación de las estructuras que dan origen a otras nuevas formas de organización, algo que plantea retos tanto para el Estado como para la sociedad. Se trata de nuevos desafíos que suponen formas de organización criminal más localizadas, más fragmentadas organizacional y territorialmente y, por ende, con mayores dificultades a la hora de trabajar en su desmontaje y desarticulación dado el largo legado que trae a cuestas y por la persistencia de las vulnerabilidades y particularidades que cada territorio donde se establecen supone. Así tenemos que las dificultades para combatirlas suponen que al tiempo que se golpean las estructuras, entonces en los territorios quedan activas un conjunto de condiciones asociadas a mercados ilegales y a deficiencias del Estado que constituyen el germen de nuevas formas de crimen organizado surgidas a la luz de las circunstancias que se van gestando, dice el reporte.

Las nuevas formas de la criminalidad colombiana

Así tenemos, que mientras por un lado se está produciendo el desmontaje de la estructura guerrillera de las FARC, por el otro surgen distintos tipos de saboteadores armados que están aún sin identificar siquiera, pero nacidos con suficiente capacidad de coerción y de generar problemas y poner en aprietos la estabilidad del proceso de transición que tiene lugar en medio de la implementación del Acuerdo de Paz, advierte el informe.

Los cambios también se ha producido en la estructura organizativa, así como también en la manera de operar de estos grupos, los cuales han pasado de tener una integración vertical de los grandes carteles a una más horizontal, erigida en redes donde gran número de actores actúan con relativa autonomía y procuran alianzas o luchan con otros grupos para hacerse del control de territorios que son idóneos para el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión, el microtráfico, el narcomenudeo, el chance, la prostitución, entre otras actividades delincuenciales.


Otras instituciones, aparte de la FIP, también han dado cuenta de que en las zonas que antes ocuparon los paramilitares ahora operan los diferentes GAO, así como otras expresiones armadas, coinciden en los territorios donde principalmente el narcotráfico y la minería ilegal, se han enquistado. Es que toda la violencia que se ha manifestado de distintas formas se constituye en el eje, en el elemento articulador y sustentador de estos grupos criminales. Así, en el narcotráfico el conflicto armado colombiano ha encontrado el pilar que lo mantiene en pie y le otorga capacidad de acción. Son, pues, las conexiones internacionales, las rutas, las armas, la corrupción, la base política y social que facilita la subsistencia de un entramado criminal y político que ha venido evolucionando a lo largo de los años hasta convertirse en lo que es hoy en día.

Dicho entramado permite identificar tres fases en las que operan actores y tienen lugar interacciones y transformaciones, a saber, apogeo y ocaso de los grandes carteles (1980-1995); los mini-carteles y guerra entre autodefensas y guerrillas (1995-2003); y auge de las Bacrim y “democratización” y diversificación del crimen organizado (2003-2016) señala el informe.

Luego de que se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, surgen las que se llamaban entonces Bacrim y que hoy se denominan, como hemos señalado, GAO y GDO, las cuales se pusieron de manifiesto en los territorios que son estratégicos para el narcotráfico. Para aquel entonces, para las AUC fue fundamental la protección de los cultivos y las tierras de las que hicieron a través de todo tipo de mecanismos irregulares, pues esto facilitaba el control de las rutas y puertos por los que la droga salía a los mercados. Esto en la actualidad es fundamental para los grupos criminales, dice el informe.

Un punto fundamental en los acuerdos de paz y de seguridad en Colombia es la determinación del futuro del crimen organizado, toda vez que la tranquilidad del país pasa obligatoriamente por el desmantelamiento de las organizaciones criminales, así como por el esclarecimiento del paramilitarismo y las garantías de seguridad. Así ocurrió en las negociaciones de La Habana entre las FARC y el gobierno neogranadino y así ha de ocurrir en cualquier mesa de diálogo que procure la paz colombiana. Esto, aun cuando las posiciones de las partes sean disimiles.

Así tenemos, por ejemplo, que para el gobierno, el paramilitarismo es un asunto del pasado, pues en la actualidad —específicamente desde 2006— lo que existe es un fenómeno criminal sin contenido político el cual es dinamizado por diferentes tipos de economías criminales. Desde 2016, el ministerio de defensa colombiano, a través de instrumentos como las directivas 015 y 016 estableció los lineamientos para caracterizar las estructuras criminales sustentándose en los niveles de violencia y organización de los grupos criminales. Así, el ejecutivo de Colombia distingue dos vertientes, primero, los Grupos Armados Organizados (GAO) y, segundo, los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Anteriormente a la emisión de las citadas directivas, se tenía a las GAO como las bandas criminales tipo A y a las GDO, como las inscritas en el tipo B y C. GHAO y GDO es la nueva nomenclatura utilizada en lugar de las viejas denominaciones de “bandas criminales” o “Bacrim” usadas desde 2006 cuando se desmovilizaron las AUC en el contexto de la Estrategia Multidimensional contra el Crimen Organizado.

Dentro de las GAO se agruparon entonces las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidas como el Clan del Golfo, al Ejército Popular de Liberación (EPL), también llamados “Los Pelusos”. También forman parte de este grupo el Bloque Meta (BM) y el Bloque Libertadores del Vichada (FLV), a quienes se sumaron agrupaciones más pequeñas pero que igualmente son una seria amenaza tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Ahora bien, los GDO operan como subcontratistas de organizaciones mayores. Estos grupos tienen un gran impacto humanitario que se manifiesta en desplazamientos y reclutamiento de niños y jóvenes, al igual que el confinamiento de poblaciones enteras que son sometidas. Las GDO cuentan con el apoyo de otros grupos que les sirven como oficinas de cobro y estructuras para el sicariato. Precisamente “Los Rastrojos” forman parte de estas agrupaciones.

A las Fuerzas Militares les corresponde el combate de estas estructuras criminales siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, tales como el que posea organización y cuenten con un liderazgo y mando responsable. Asimismo deben mantener el control sobre territorios y poder mantener actividades sostenidas y concertadas, poseer capacidad armada contra el Estado y la población civil, así que la violencia que generen sea mayor que la de los disturbios y desórdenes internos. Dependiendo de su capacidad, a estos grupos se les podrá enfrentar con un gran despliegue de fuerzas que incluyen los bombardeos.

¿El paramilitarismo es realmente cosa del pasado?

Pero contrario a lo que opinan las autoridades, la guerrilla FARC asegura que el paramilitarismo no ha desaparecido en Colombia, aunque indican —como insistieron en decirlo en La Habana— que modificaron sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales al tiempo que operan en distintos lugares de la geografía colombiana tratando de torpedear cualquier iniciativa que busque la paz en el país. En este sentido, la guerrilla sostiene que el paramilitarismos se ha enfilado en dirección al liderazgo social y a las comunidades ubicadas en los alrededores de las zonas de desmovilización de las FARC dice el informe.

Para los analistas del FIP el debate debe superar la cuestión de que si existe o no paramilitarismo en la actualidad, sino enfocarse en el combate de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la legitimación de capitales y activos. Lo sustantivo es el ataque a la criminalidad.

El conflicto armado hoy día

A la fecha es difícil determinar el nuevo estadio del conflicto armado colombiano a raíz del acuerdo de paz con las FARC. Pero aun así, en este periodo de reincorporación social del movimiento guerrillero, es posible identificar algunas dinámicas que seguirán teniendo impacto en el corte y en el mediano plazo.

1. No todas las FARC se están desmontando y desmovilizando, pues partes de esta se han declarado disidentes. En estos grupos opera la competencia interna por lograr posiciones de control y en ellos se está gestando una criminalización progresiva, por lo que no debe descartarse su alianza con carteles internacionales.

2. Aún existen zonas del país donde los procesos de transferencia de capacidades territoriales, organizacionales y económicas continúan entre diferentes grupos armados. Es el caso del ELN, que se ha fortalecido en zonas como Catatumbo, sur y centro de Cauca, Arauca, pie de monte nariñense, bajo cauca antioqueño y centro de Chocó. Igualmente ahora tiene presencia en lugares que antes no eran de su influencia, como Vichada y otras regiones que antes eran dominio de las FARC. Lo otro que está ocurriendo, es que grupos delincuenciales ahora también están utilizando su brazalete identificativo.

Hay señales de que en el Catatumbo integrantes de las FARC se están incorporando a las filas del ELN y el EPL.

3. Al tiempo que el proceso de paz avanzaba en La Habana, algunas zonas como el Catatumbo el ELN y el EPL se reposicionaron y adquirieron poder y capacidades que anteriormente no tenían. Por ejemplo, en el pacífico caucano y en el norte de Nariño ahora el ELN adquirió puntos de control fluvial que antes eran un fuerte de las FARC.

Sin uniformidad

Caracterizar el conflicto armado colombiano no es algo que pueda hacerse fácilmente, como tampoco puede establecerse de manera homogénea una manera de operar los grupos.

Esto nunca ha sido así y el momento presente no es la excepción.

Esta es la razón por la cual los especialistas de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia hacen referencia a una gran cantidad de elementos y varios núcleos de disputa, así como de coexistencia y dominio de los grupos armados. Esto en el ánimo de poder estudiar la dimensión territorial en que operan estas agrupaciones y sus diferentes expresiones armadas en formación.

Para el FIP existen distintos rasgos, tipos de competencia o consolidación criminal y violencia en Colombia.

Por ello, para el análisis de este fenómeno, el FIP apunta hacia la territorialización y, en tal sentido se vale en gran medida de los aportes que ha hecho Enrique Desmond Arias (2017) con miras a establecer una tipología de micro-regímenes armados que, según él, está compuesta por desorden criminal, gobernanza dividida, gobernanza colaborativa y gobernanza escalonada.

Para desarrollar este esquema es preciso tomar en cuenta las variables sobre el grado de consolidación criminal y el grado de colaboración entre actores estatales y armados. Para Arias los impactos diferenciados que cada tipo estarían en la provisión de seguridad, en la sociedad civil, los procesos electorales, la gobernanza estatal y las medidas de política.

Advierte la FIP, eso sí, que ellos no se ciñen al pie de la letra a este modelo, pero sí les sirve de guía para interpretar lo que ocurre en sitios como Tumaco o el sur y centro de Chocó, donde los actores armados mantiene un duelo permanente por lograr el control de segmentos de una o más economías criminales en ámbitos micro-locales.

Vale destacar que el estado colombiano tiene una doble responsabilidad, pues a la par que tiene la obligación de combatir y desmantelar a los grupos armados, tiene que velar porque entre las diferentes facciones de estos grupos no se produzcan enfrentamientos que pongan en peligro a la población rural y urbana con la consiguiente crisis humanitaria que deviene cuando estas situaciones tienen lugar.

Los nexos entre conflicto y crimen organizado

No es asunto fácil y, de hecho, genera intensos debates entre los especialistas el determinar el nexo que existe entre conflicto y crimen organizado, como es el caso de Boer & Bossetti, citados en el informe.

Los estudiosos del FIP quieren propiciar una discusión en torno a la utilidad que tienen las clasificaciones rígidas y binarias que separan al conflicto armado del crimen organizado, cuando lo que se impone, dados los diferentes contextos de violencia imperantes, es una lectura que sea dinámica, flexible y se acople a las complejidades del caso.

Una serie de circunstancias y el devenir de los acontecimientos han propiciado la aparición y crecimiento de grupos y líderes en distintas zonas de Colombia.

Los golpes sufridos en el seno de estas agrupaciones han llevado a que se produzcan cambios en la estructura organizacional de estos grupos en el último año. Es así como de una estructura piramidal han pasado a ostentar una estructura casi horizontal. Igualmente el narcotráfico se ha constituido básicamente en la fuente de financiamiento y ahora opera de manera fragmentada, puesto que anteriormente eran las FARC las controlaban las zonas de cultivo y el proceso de transformación de la de la hoja de coca en pasta base. Luego la vendían al Bloque Meta y Libertadores del Vichada, lo cuales se encargaban de la cristalización y la venta a narcotraficantes y redes nacionales y transnacionales.

Grupos disidentes de las FARC continúan con el control de los primeros segmentos en municipios como Miraflores (Guaviare) y también se encargan de distribuir y del expendio y venta de drogas en los municipios donde tienen influencia.

Otra fuente de financiación de estos grupos es la extorsión a los sectores económicos.

Fragmentación de las organizaciones

Como ya apuntamos, en los grupos armados ha venido operando un proceso de fragmentación y se ha dado la aparición de otras formaciones que son subcontratadas para llevar a cabo determinadas operaciones.

La FIP cree que las organizaciones son cada vez más difusas lo que no necesariamente debe interpretarse como que sean más débiles, como ya apuntamos.

Estas organizaciones subcontratadas para gestionar en nombre de las organizaciones que operan como “marca” en ciudades o zonas semiurbanas, les permite a estos grupos adquirir un prestigio y poder al vérseles identificadas con los grandes carteles, aún cuando no existan mayores vínculos entre ellos.

La fragmentación hace cada vez más difícil la labor de las autoridades para combatir y desmontar a estas organizaciones criminales.

Son muchos los ejemplos que pueden ilustrar estas situaciones, pero lo sustantivo radica en las transformaciones que el crimen organizado ha registrado dando lugar a nuevas formas de criminalidad que cada vez es más difícil combatir, toda vez que se han diseminado y ahora es más cuesta arriba enfrentarlas, máxime porque los diferentes grupos armados han establecido vínculos de cooperación entre ellos para, de esta manera, evitar su debilitamiento y que puedan alcanzar niveles de optimización de la actividad criminal con la consiguiente rentabilidad del negocio.

via: VenezuelaAlDia




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